"Se precisa cambiar la consideración del trabajador como un mero coste"
Comparto totalmente el planteamiento y la opinión de uno de los artículos escritos por José Molina (Doctor en Economía y Sociólogo)
La iniciativa privada no es suficiente para crear las capacidades industriales que necesitamos para desarrollar de forma sostenible ninguna Región. En 2012 el Secretario de Estado del Business Innovation and Skills dirigió una carta al primer ministro del Reino Unido, David Cameron, en la que le aconsejaba un cambio de estrategias para el desarrollo industrial, de acuerdo con los nuevos paradigmas en los que la capacidad competitiva, (decía) dependerá de la actitud para desarrollar nuevas ventajas que, al ser cada día más complejas, necesitan de políticas públicas específicas que apuesten por un nuevo marco social para el desarrollo de las regiones.
Desarrollar esas ventajas significaría la puesta en marcha de una política industrial que incorpore a las estructuras productivas nuevos elementos, los cuales son externos a las propias capacidades de nuestras empresas. Según el colectivo "Economistas Frente a la Crisis" el retraso, o lo que es peor, el abandono a su suerte de la política de desarrollo regional anticiparía nuevos desequilibrios encadenados que lastrarían el futuro de cualquier región.
No hay que pensar que arreglando el déficit de financiación llegará la solución porque aunque inyectemos dinero barato (y ahora hay posibilidad de hacerlo), no bastará para llevar a cabo los cambios que precisa la competitividad, los cuales empiezan por combatir la desigualdad social de forma que evite el empobrecimiento de la demanda y mantener una disposición de consumo que, según los estudios de la Consultora Nielsen, está cambiando por los efectos de la crisis. Un 74% de la población ha reducido su consumo y un 24% sólo consume marcas blancas.
Se precisa cambiar la consideración del trabajador como un mero coste, porque es un factor esencial en la creación de valor y un apoyo en las decisiones empresariales, donde su impulso participativo desarrolla innovación y fortalece el clima de estabilidad que se precisa para el cambio. Por otro lado, es difícil cambiar si los sectores estratégicos no lo hacen al mismo ritmo. Me refiero expresamente a que hay que terminar con el poder oligopolístico de la energía, el sector financiero, y el de las telecomunicaciones que son, por su encarecimiento de los costes, un impedimento para el desarrollo empresarial. Se precisa un cambio normativo, porque los distintos déficits competitivos, no podrán superarse si no revisamos todos los componentes de los costes, y los sobrecostes energéticos, los cuales son hoy más problemáticos que los laborales por su posición de fuerza en el mercado.
Además hay que crear y difundir la tecnología que permita ir aminorando el déficit actual de la competitividad. Organizar la cooperación público-privada, que pasa por fortalecer las relaciones entre investigadores (Universidades) y los departamentos de desarrollo de las empresas, con un apoyo de programas financiados con fondos públicos y desarrollados por instituciones públicas. Un modelo que desarrolle una política industrial moderna y que identifique sub-sectores con capacidad de actuar como multiplicadores de actividad y que se signifiquen por su alta productividad, con capacidad para innovar su organización productiva de manera que incremente la calidad y la estabilidad de los empleos.
Hay que cortar de raíz el despilfarro de recursos. Adaptemos modelos que han funcionado, como la Agencia Tecnológica Nacional (TAKES) creada en Finlandia para la re-orientación productiva, teniendo en cuenta que el efecto innovador en las pequeñas y medianas empresas es superior al de las grandes, como ponen de manifiesto los datos de Eurostat. Y todo ello sin olvidar un cambio en los beneficios fiscales del I+D+I que permita coordinar el impulso público con la iniciativa privada, cosa que no sucede con las actuales ayudas.
Y por último, el cambio de modelo productivo exige un Estado sin corsés financieros impuestos por las políticas de ajustes a que nos somete la reforma del artículo 135 de la Constitución, que debería excluir del cálculo del déficit estructural el que se origine por inversiones, porque sin el apoyo público el cambio se hace muy difícil. Lo que otras regiones de Europa están impulsando debe servirnos de estímulo para no seguir alejándonos de la convergencia con las zonas que progresan.
